El Sindicato de Oficios Varios de la CNT del Altiplano junto con la plataforma por la defensa y mejora de la sanidad pública en el Altiplano, van ha realizar una charla el próximo sábado 29 de octubre a las 11:30 horas en la casa de la cultura de Yecla, para explicar que es y en que consiste el copago sanitario. Esta charla correrá a cargo de miembros del la Plataforma Antiprivatización de la Sanidad Pública de Valencia. Despues se celabrara una comida popular en el local de la CNT de Yecla con un precio de cinco euros por persona.

En la Región de Murcia quieren privatizar la Sanidad Publica

Hace tiempo que los buitres de la empresa privada, de la mano del gobierno central y autonómico de turno, sobrevuelan la jugosa tarta de la sanidad pública llevándose tajadas cada vez más grandes. Murcia no iba a ser la excepción, el señor Ramón Luis Valcárcel, hoy mismo, ha pedido el copago en la sanidad y la educación.

El objetivo es doble: trasladar a la esfera del negocio todo aquello que pueda ser lucrativo y reducir a mínimos de beneficencia la asistencia sanitaria y sus prestaciones. Las presiones se intensifican ante las dificultades financieras de las CC.AA. Todas tienen la sanidad transferida y esa partida de gasto es, con mucho, la más importante de sus presupuestos. No se plantean pedir responsabilidades a quienes decidieron hacer aeropuertos ruinosos en medio de la nada, o planes urbanísticos faraónicos o fastos sin cuento a costa del dinero público. Han decidido recortar salarios y gasto público como sea y el copago está en el punto de mira.

Desde el famoso Informe Abril Martorell de 1991 andan  ideando, opinando, lanzando bulos y  especulando   acerca de cómo hacer pagar al enfermo por la atención sanitaria, a crónicos y pensionistas por los medicamentos y cómo ir eliminando, como hicieron PP y PSOE con sus respectivos “medicamentazos”, la financiación pública de determinados medicamentos y prestaciones sanitarias.

Lo que ellos llaman “expertos” y que se definirían mejor como plumíferos por encargo están, desde hace meses, intoxicando con la “insostenibilidad” del sistema sanitario público, el mal uso de las consultas o de las urgencias, el fraude en algunas prestaciones…sin dato alguno que lo sustente.

En los últimos tiempos los emisores del mensaje van teniendo procedencia más elevada. La misma Leire Pajín, recién nombrada Ministra de Sanidad, declaró que el copago “estaba en estudio”; aunque alguien debió darse cuenta de que había levantado la liebre inoportunamente y a las pocas horas lo desmintió.

Hace pocos días el Secretario de estado de Hacienda, Carlos Ocaña, y a éste nadie le ha desmentido, declaraba: “Hay que racionalizar los costes de la sanidad y la dependencia. Mantener la calidad requiere acuerdos de ámbito nacional para reducir costes. No estoy hablando de recortar, sino de hacer las cosas mejor”. Preguntado directamente por el copago, respondió: “En este momento, a 31 de enero de 2011, no está en la agenda inmediata, por más que se utiliza en muchos países. No será en este momento, pero es algo que habrá que reconsiderar en el futuro”.

La ambigüedad calculada de sus palabras, destinada a llevar con máxima cautela un asunto altamente sensible para la población, ha sido desvelada por la publicación por Casmadrid y Matusalén de un Informe de la Consejería de Sanidad de Madrid de diciembre de 2010 en el cual se analizan qué elementos concretos de las prestaciones básicas de la cartera de Servicios, comunes para todo el Estado, y contemplados en el Real Decreto 1030/2006 podrían eliminarse o ser objeto de copago.

En el documento aparece una relación de” prestaciones prescindibles o de acceso restringido”. La gran mayoría de las analizadas afectan a ancianos, personas dependientes o enfermos crónicos y dado que están incluidas en la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud, se consideran como básicas y son comunes para todas las Comunidades Autónomas.

Según el informe publicado por CASMADRID y reproducido por el diario Público las prestaciones que están estudio y para las que podría eliminarse total o parcialmente la financiación pública son entre otras, las siguientes:

La exclusión total de algunas prestaciones, por ejemplo las endodoncias, del Plan de Atención de Salud Bucodental dirigido a los niños de entre 6 y 12 años. Este Plan está financiado en su totalidad por el Ministerio de Sanidad, que transfiere las cantidades presupuestadas a todas las CC.AA.

Exclusión total o copago por parte del paciente de las tiras y medidores de glucosa para personas diabéticas.

Introducir el copago por el paciente de la alimentación hospitalaria, así como de los productos de aseo y lencería.

Introducir el copago para el tratamiento de la apnea del sueño y la oxigenoterapia.

Eliminar todo tipo de financiación o introducir copago para vasectomías y ligaduras de trompas, alegando que “no constituyen necesidades de salud, sino de control de la natalidad”. Dice además que no supondría gran problema ya que el acceso real de la población a estos procedimientos “en la práctica es muy escaso por las largas listas de espera”. Oro tanto se propone para la reproducción asistida.

Excluir la financiación del consejo genético en grupos de riesgo, es decir, dirigido a los familiares de pacientes con determinadas enfermedades en las que la herencia juega un papel fundamental.

Eliminar todo tipo de financiación pública para muletas, bastones y sillas de ruedas manuales, así como para pañales absorbentes. Aquí la justificación es que “su número aumenta de año en año”.

Eliminar la exención de pago por parte del paciente, actualmente en vigor, para determinados tratamientos derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Otros conceptos incluidos en el estudio para valorar su modificación o exclusión son: la PET (Tomografía por Emisión de Positrones), de especial trascendencia, el transporte sanitario, determinadas vacunaciones, etc.

Dado que la inclusión de todas las prestaciones objeto de este análisis fue decidida por Real Decreto y son obligatorias para todas las CC.AA, no es posible que una Comunidad Autónoma excluya por su cuenta, o establezca el copago, para algunas de ellas. La importancia del documento publicado es que sin duda responde a una solicitud de informe hecha por el Ministerio de Sanidad a las diferentes Consejerías de Sanidad, ante la decisión de realizar recortes de calado en las prestaciones, hecho que necesariamente debe llevarse a cabo mediante Real Decreto y para el conjunto del Estado. Los informes requeridos deben valorar – como se hace en el caso de Madrid – tanto el ahorro derivado del copago total o parcial, como el “impacto social”; es decir, el grado de indignación del respetable.

Desde hace tiempo venimos alertando de la introducción del copago a través de declaraciones de “expertos”, políticos, banqueros, etc. Ahora está escrito negro sobre blanco en un informe, bien es verdad que confidencial.

Lo tenemos delante: verde y con asas.

Lo único que les detiene es el miedo a que la gente se eche a la calle y diga de una vez que ya está bien. Y sólo lo podrá hacer si cuenta con información fidedigna, ofrecida por organizaciones fuera de cualquier sospecha de financiación o interés espúreo.

Los trabajadores de la Región se tienen que organizar, tienen que plantar cara a los recortes impulsados tanto por el gobierno central como por el autonómico, desenmascarar a los cómplices de estos recortes, que no son otros que los propios “sindicatos de clase” CC.OO y UGT, que con sus claudicaciones a costa de nuestra sangre, están dando pie a gobernantes déspotas a aplicar todo tipo de recortes a nuestros derechos. Es hora de pararles los pies.